EL PSOE PRESENTARÁ UNA INICIATIVA CON MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS CELÍACOS
El grupo parlamentario Socialista presentará una iniciativa en el Congreso en la que se contemplen medidas para facilitar unas mejores condiciones de vida de los enfermos celíacos y de sus familias. Estas medidas se concretarán en actuaciones tanto sanitarias como educativas.
En el plano sanitario, se pretende garantizar el correcto etiquetado de todos los productos sin gluten, promover el establecimiento de un límite máximo de gluten de 20 partes por millón en los alimentos “sin gluten”, mejorar los procesos de diagnóstico y seguimiento de pacientes celíacos. Así como el conocimiento de la prevalencia de la enfermedad en la población española, con el objetivo de mejorar las estrategias para abordar esta enfermedad. Finalmente, se propondrá establecer programas nacional de control de los alimentos destinados a pacientes celíacos, mediante el control analítico de materias primas y productos elaborados para verificar su composición y etiquetado y la incorporación de programas de autocontrol de materias primas y flujos de producción en la industria alimentaria que garanticen la no existencia de contaminaciones cruzadas.
Desde el punto de vista educativo, se tratará, entre otras medidas, de promover que en los comedores escolares se ofrezcan dietas sin gluten, de impulsar la formación de educadores y trabajadores de restauración de los centros escolares y de considerar la enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico como criterio prioritario para la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
La presentación de esta iniciativa, que es similar a la presentada anteriormente por CIU o el PP, ha sido un compromisos anunciado hoy por la diputada socialista Isabel Salazar, después de que la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso rechazara las proposiciones que presentaron dichos partidos políticos. Según ha explicado la diputada socialista, las proposiciones presentadas pretendían arbitrar un sistema de incentivos fiscales y de bonificaciones a la industria y a la familia que son imposibles de poner en marcha ya que están en contradicción con la legislación vigente al ser incompatibles con lo establecido en la Ley del IRPF y en las normativas europeas”.
